¿CUAL ES LA POLITICA PARA LOS NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE BS AS? *

Durante 10 meses no hemos cesado de hacer señales desde la dirección de institutos hacia las otras dependencias del gobierno, en completa consonancia y con el esfuerzo de la Subsecretaria Lic. Martha Arriola, y de todos los funcionarios y trabajadores de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Bs As,  indicando que los recursos para implementar la ley del Niño y la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, no eran suficientes, y parecía no haber sido previstos desde los otros espacios del ejecutivo, a los efectos de atender a los chicos en conflicto con la ley penal como sujetos de derecho tal como es la perspectiva de las leyes vigentes.

 

La ley se propone contemplar al niño en conflicto con la ley como sujeto de derecho, en el marco de la consideración de los derechos de todos los chicos. Los chicos que delinquen son chicos y siguen siéndolo, por lo que les cabe las generales de la ley del niño. Es sabido que detrás del niño que vulnera un derecho, esto es, que delinque, hay en la gran mayoría de los casos, una historia de vulneración de sus derechos, de violación sistemática, de privación, de carencia integral, de pobreza estructural que se arrastra desde la cuna.

La historia de vulneración que carga el niño que delinque no legitima la vulneración de derechos de los demás, pero le recuerda y le reclama a la sociedad y al estado que existe una deuda previa para con ese niño que ahora ha delinquido.

Si este niño ha vulnerado los derechos del prójimo por un acto de delito, la respuesta del estado y de la sociedad en su conjunto no puede ser la reincidencia en la vulneración de sus derechos como ser humano y como niño. Por lo menos, no ha de ser ésta la respuesta en estado de derecho y bajo un sistema republicano y democrático.

 

Por estas dos razones, primero porque se le debe a la mayoría de los niños que delinquen el reconocimiento de sus derechos que han sido vulnerados desde su nacimiento, y segundo, porque no se puede pensar a la justicia juvenil como violación de los derechos del niño que delinque, sino como recurso para su reinserción social y como suplencia de las carencias que lo han llevado al delito, por esto se hace necesario pensar en un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con los recursos suficientes para implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, cuando éste sea el caso, o para privar de la libertad ambulatoria a los chicos, como último recurso, tal como lo contempla la ley, si ésto se viera necesario.

 

El problema es que tanto para lo uno como para lo otro, los recursos con los que se cuenta son absolutamente insuficientes.

 

En lo que toca a los institutos para cumplimiento de medidas de privación de la libertad, hemos venido señalando con firmeza esta realidad, sin obtener respuestas, desde el comienzo de la gestión.

Justamente, si la perspectiva en la que se quiere abordar el tratamiento de los chicos que delinquen, es la que acabamos de indicar según nos marca la ley, es obvio que no se trata sólo de contar con una “jaula” para encerrar al niño que delinquió, sino que es necesario planificar una forma de abordar su personalidad, contar con un equipo de profesionales para poder hacerlo eficazmente, diseñar y utilizar estructuras edlicias acordes a la demanda, capacitar al personal que va a tratar con el adolescente en conflicto con la ley, y en todo momento, considerar a los recursos humanos que se ponen en juego, como “educadores” y no como “carceleros”.

 

Es obvio también, que la provincia no cuenta con los recursos para el abordaje que se pretende, de los chicos privados de libertad, de acuerdo a lo establecido por la ley.

 

Cuando se sacaron a los chicos de las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de construirse un centro de recepción en cada departamento judicial para poder albergar a los adolescentes aprehendidos y detenidos en flagrante delito, se optó por construir dos centros de recepción y ubicación (CREU) tipificados con capacidad para 112 chicos cada uno y se readaptó otra dependencia de minoridad, reconviertiéndola en un tercer centro de recepción tipificado para 50 chicos.

Dichos tres centros de recepción:

 

– No cuentan con la capacidad suficiente para albergar a todos los chicos aprehendidos y detenidos en la provincia, por más que se trate de un alojamiento provisorio hasta su derivación en un centro de acuerdo a la medida judicial. La plazas de los centros de recepción para toda la provincia no llegan a 300.

– Obligan al traslado (en la mayoría de los casos de madrugada) de los chicos desde toda la provincia hasta estos tres centros ubicados en Gran Bs As y La Plata.

– Al no contarse con otros recursos,  los CREU se convierten en lugares de permanencia agotando toda posibilidad de seguir alojando allí en condiciones dignas a ningún joven más.

– Al convertirse en centros de permanencia y no de recepción, los CREU atentan contra el modelo de tratamiento pretendido, ya que como lo contempla toda la legislación vigente, los espacios de alojamiento de los chicos que han delinquido deben ser pequeños a los efectos de favorecer el trato personalizado y la perspectiva pedagógica desde la que se busca intervenir.

– Presentan falencias gravísimas en su diseño y construcción sin que puedan responden a las demandas de tratamiento de un chico en conflicto con la ley, según el modelo que busca implementar la ley del Niño y la de Responsabilidad Penal Juvenil.

 

Por otra parte, el problema no sólo radica en la insuficiencia de los recursos edilicios. Desde el comienzo de la gestión se advirtió que sin incorporación de personal capacitado no se podría sostener el modelo de tratamiento buscado. Los recursos humanos son lo mejor que posee el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. No obstante son escasos y la alta complejidad de la tarea, sumado al hecho de que no se han contemplado los medios de asistencia a las personas que trabajan con chicos privados de libertad, produce un desgate enorme de los trabajadores de minoridad sin que se hayan previsto relevos y suficientes mecanismos de protección de los mismos. Se advirtió desde el principio, que hacían falta por lo menos 150 trabajadores de minoridad más para los centros de privación de la libertad, sólo para salir de la situación de extrema urgencia.

Durante diez meses se esperó la designación de nuevos asistentes de minoridad, cuando se sabía que la situación era de máxima necesidad. Se obtuvieron, después de reclamar y caminar por cuanta oficina del estado provincial hay, sólo 24 personas nuevas que se incorporaron hace menos de un mes. Se nos dice que la lentitud de las respuestas tiene que ver con la burocracia administrativa de la provincia. Cabe la pregunta sobre de quién depende que este escollo pueda superarse.

La tramitación de éstas u otras cuestiones ligadas al ámbito tan urgente de la atención de los chicos privados de la libertad, nos han hecho experimentar lo que denomino, sin más, la “máquina de impedir”. 

Sin personal es imposible hacer funcionar edificios y programas.

 

Si se quiere poner en pie el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo que hace a los centros de privación de la libertad, es absolutamente necesario proveer a la provincia de edificios adecuados, personal capacitado que releve y refuerce al que está, reconocer y sostener a los que trabajan en el sistema, que son lamentablemente ignorados y subestimados en su capacidad y en el esfuerzo que hacen por atender a los chicos en situación de precariedad, y poner los recursos económicos necesarios en los planes de reinserción social de estos chicos alojados en nuestros institutos.

La advertencia sobre la necesidad de llevar a cabo con urgencia estas medidas ha sido hecha desde el comienzo de nuestra gestión y está documentada.

 

Ante la furiosa demanda social de intervención del Estado frente al fenómeno de la delincuencia juvenil puede actuarse de dos maneras:

 

– se aplica la ley otorgando al área los recursos suficientes para el tratamiento de los chicos que han delinquido, según el modelo introducido por la Ley de Niñez y la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (personal, equipos tecnicos, edificios, programas, capacitación) o

 

– se encierra a los chicos en los dispositivos con los que se cuenta para la privación de la libertad limitándose a mantenerlos vivos en condiciones infrahumanas de vida de manera de no tenerlos en la calle y no verlos en la medida de lo posible.

 

Pretender continuar encerrando chicos con los insuficientes recursos con los que se cuenta y en el modelo de tratamiento al que se aspira según la ley es volcar “vino nuevo en odres viejos”. Hay que entender definitivamente que los dispositivos no son adecuados y se necesita urgente recurso económico.

 

Ahora bien, si se optara por la segunda forma de proceder aún se cuenta con algún espacio y recurso. A pesar de lo dicho, se necesitará en lo futuro ampliar  y crear nuevos espacios para el simple encerramiento de los jóvenes, porque así, cada vez serán más los que habrá que encerrar. En todo caso, no será ese el modelo acorde con la legislación vigente y tampoco con mi percepción personal del tratamiento de la problemática de la delincuencia juvenil. Pero de cualquier modo será bueno sincerar la política que se pretende desde el estado provincial, porque lo que creo que se ha manifestado hasta ahora, es un fluctuar permanente y sin definición entre una política que busca pensar la delincuencia juvenil desde la problemática social y la vulneración de los derechos de los niños, y una política más pragmática que busca responder “efectistamente” a la demanda social de mayor seguridad, apelando a viejas conocidas recetas de “mano dura” que se traducen siempre en el simple encerramiento de los “menores” que delinquen, sin detenerse a pensar que pueda hacerse con ellos altenativo a hacerlos “desaparecer” socialmente, sea porque se los mata, sea porque se los encierra. Por otra parte, esta política no hará más que  ratificar la exclusión en la que han nacido y vivido el 99 % de los niños que pueblan nuestros centros de adolescentes privados de libertad mucho antes de que pudieran cometer los delitos que cometieron (o que se presume que cometieron,  pues la mayoría de nuestros adolescentes privados de libertad aún no han sido juzgados y condenados según lo establecido por la nueva ley) y por los que se los tiene detenidos.

 

En resumen, díganme la política que pretenden en materia de delincuencia juvenil, para que me sume o la denuncie.

 

* Alejandro Blanco. Ex-Director de Institutos – Subsecretaría de Niñez  – Ministerio de Desarrollo Social – Pcia de Bs As. Sacerdote, licenciado en filosofía, docente universitario. Trabaja desde hace varios años en la problemática social vinculado a barrios y sectores marginales del Gran La Plata.    

 

 

 

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