INTERVENIR, INSTITUCIONALIZAR, INTERNAR

En los organismos en donde se trabaja para el abordaje de niños y adolescentes vulnerados, suele hablarse de “intervenir”, “institucionalizar” o “internar”, con una ambigüedad tal, que nadie sabe, a ciencia cierta, de lo que se está hablando.

Esta confusión semántica no es casual. Obedece a una correspondiente confusión en el ámbito político-institucional que es funcional a una forma de pensar al Estado político.

El “laissez faire, laissez passer” reciclado en las recetas del neo-liberalismo de los noventa, echó un manto de sospecha, casi inadvertidamente, sobre todo “intervenir” o “institucionalizar” como acciones propias del Estado.


INTERVENIR


Intervenir no es mala palabra. Y no sólo intervenir en el ámbito político.1

El Estado debe intervenir siempre en lo que concierne a todos y cada uno de los ciudadanos. No interviene “sólo si hace falta”. Interviene siempre, aún cuando “deja hacer”. El principio de subsidiariedad, esto es, cuando el poder central delega todo lo que las partes pueden procurar por si mismas, no debe entenderse como un “desentenderse” del Estado respecto de los asuntos que puede delegar en organismos subsidiarios.


El Estado interviene siempre. No interviene “a veces”, como árbitro entre pares, o cuando alguien no puede valerse por sí mismo. “Deja hacer”, pero desde el cuidado, la vigilancia, la seguridad. Vela por todos y especialmente por los más vulnerables.


Las horribles experiencias de los totalitarismos del siglo XX no deben confundirnos acerca del rol del Estado. La lección que nos deja haber pasado por las dictaduras no puede consistir en pensar que, un Estado fuerte es peligroso para la sociedad.

La ideología neoliberal se vale de la aprensión que genera el recuerdo funesto del autoritarismo de los gobiernos de facto, para venderle a la sociedad, un modelo debilitado de Estado que “interviene” sólo cuando no tiene más remedio y siempre que no haya podido sustraerse a esa pesada carga. Pero la identificación entre Estado fuerte y dictadura es falaz.

Un Estado “fuerte”, es aquel que interviene siempre. Que tiene capacidad de intervenir eficazmente, y que puede sostener esta intervención a lo largo del tiempo.


El Estado “interviene” en tanto que “cuida” a los ciudadanos. Por eso, la primera política de Estado, debe ser la política social, es decir, aquella que procura la equidad en el acceso de todos los ciudadanos a la educación, a la salud pública, al trabajo, al descanso, a los bienes de cultura, a los sistemas de previsión social. Justamente, en razón de esta equidad, es que el Estado debe intervenir especialmente cuando se está ante grupos, que por múltiples causas, presentan un mayor grado de vulnerabilidad. Este es el caso de los sectores pauperizados, los que sufren la exclusión, la discriminación, la marginación del resto de la sociedad.


Indudablemente, los niños y adolescentes, por el solo hecho de serlo, pertenenecen a un sector de vulnerabilidad. Si a su propia condición, se le agregan además, las otras formas de vulnerabilidad mencionadas arriba, se está, entonces, ante un círculo de vulnerabilidad extrema.


La “política de seguridad” bien entendida, es la que comienza por brindar seguridad a estos sectores. Porque dar seguridad, significa “cuidar”,2 proteger integralmente a todos y a cada uno de los ciudadanos, comenzando por los más vulnerables. Vale aquí recordar lo que Segundo Galilea decía, con suma sencillez: la política es la liberación del necesitado.3 Entendiéndolo de este modo, la “seguridad” es la esencia del Estado político.


Pero intervenir no es sinónimo de “judicializar”. La “función judicial” del Estado es ciertamente importante. El Estado actúa desde el poder de Justicia, cuando se ha infringido la ley. Pero la intervención judicial del Estado ha de ser la última en el orden del tiempo. Un adolescente en situación de abandono, inmerso en la marginalidad, no puede experimentar por primera vez, la intervención del Estado, en el “patrullero” -tal como solía repetir el Padre Cajade.4


Un Estado comienza a perder su función específica, cuando confunde el orden de la intervención. Entonces la función “judicial” pasa a primer lugar, y con ello, se da el primer paso hacia el desdibujamiento completo de la genuina “seguridad” como tarea básica del Estado político.


Es evidente que, con relación al niño en situación de calle -el más vulnerado, el más inseguro de nuestros ciudadanos- el Estado tiene una responsabilidad gravísima e ineludible. Debe “intervenir” con celeridad. No debe existir ni un niño en la calle. Cada vez que contemplamos un niño, sólo uno, en la calle, la responsabilidad le compete al Estado y la transgresión de la ley, la comete el Estado.


Si hay un niño en la calle, es porque no se actuó. Si permanece es porque no se actúa. No cabe duda de esto. No puede caber duda sobre esto. Una sociedad sin chicos en la calle no es una utopía sino una praxis política. Venimos de una sociedad en donde, no hace mucho, un niño en la calle era excepcional.


La acción debe ser inmediata. Más ágil que ante una pandemia.


INSTITUCIONALIZAR


“Institucionalizar” es amparar a una persona bajo una institución. Lo que supone, obviamente, que, exista, antes, algo “instituido” que lo protege y lo representa.


Se “instituye”, en primer lugar, a un Estado a través de sus leyes. El Estado podría llamarse la primera institución. Los instituido, por excelencia, son las leyes del Estado. A su vez, las leyes son el instrumento para posteriores instituciones. Un “instituto” es un programa, un establecimiento, un dispositivo “instituido” en el marco de las leyes, con el fin de que éstas cumplan su rol de proteger a las personas para las que han sido promulgadas.


Se “institucionaliza”, en cambio, cuando a alguien, se le procura el resguardo de las instituciones e institutos del Estado. Institucionalizar es proteger, es el modo como el Estado protege a los ciudadanos. “Institucionalizar” es amparar bajo instituciones e institutos legítimos.

Las instituciones son la única herramienta con la que cuenta el Estado para intervenir. Cuando “interviene” lo hace “institucionalizando”, es decir, poniendo a los ciudadanos al resguardo de las instituciones. Pues el Estado interviene siempre desde y a través de las instituciones que lo constituyen.


El Estado debe intervenir siempre desde las instituciones, y en el marco del derecho, porque si no fuera así, se daría lugar a un accionar “para-institucional”, que es ilegal, y que ha sido en la historia, factor de grandes delitos perpetrados desde el mismo Estado.


No se nos institucionaliza sólo cuando se nos denuncia o se nos somete a un proceso judicial. También allí, pero no en primer lugar.

Aquí vale, una vez más, lo dicho sobre la inversión del modo como se entiende la intervención del Estado. El Estado no empieza a intervenir por el poder judicial, sino que termina por allí.

Antes, se nos institucionaliza cuando se nos otorga el DNI. Cuando, de niños, se nos vacuna, cuando se nos manda a la escuela y cuando se mantiene la escuela en condiciones de brindar educación pública. Se nos institucionaliza cuando se nos consulta por el sufragio. Cuando se nos solicita mantener actualizadas los títulos de propiedad y cuando se nos exige el tributo. Cuando se nos atiende en el hospital público correctamente mantenido, y cuando se nos proporciona gratuitamente la medicación para una enfermedad.

Que a los chicos vulnerados, a los “chicos invisibles”5 hay que institucionalizarlos ¿qué duda cabe? El problema justamente es que no estan amparados por las instituciones que nos amparan a todos los demás. Los “chicos invisibles” deben ser tan institucionalizados como todos los chicos y como todos los ciudadanos. Y con una atención preferencial, como la que debe brindarse a cualquier ciudadano ante una urgencia: justamente porque son vulnerables o han sido vulnerados.


INSTITUCIONALIZAR E INSTITUCIONES


El Estado debe intervenir siempre. Lo hace a través de sus propias “instituciones”, o recurriendo a otras, llamadas normalmente “organizaciones no-gubernamentales” (ONGs), las que son subsidiarias (antes que subsidiadas) de sus deberes de Estado, y a las que debe convocar, coordinar, supervisar, y, a su vez, en la medida en que lo requieran, subsidiar. El Estado puede dejarse ayudar por estas instituciones, en la atención de los derechos de los niños vulnerados. Pero nunca debe sustraerse a la obligación de atenderlos o velar para que se los atienda integralmente.


INTERNACION PENAL


En el ámbito penal, hoy se entiende por “internar”, el recluir a una persona en un espacio cerrado, aislado de la sociedad, dado que su inserción en ella, resulta peligrosa para sí y para terceros, o sencillamente, como un “castigo” por un delito cometido.

El espacio en donde se lleva cabo la “internación” que pretende ser un “aislamiento”, contempla paradójicamente, la posibilidad de que los “reclusos” estén juntos (salvo en casos excepcionales, en los que se practica un aislamiento absoluto en pabellones especiales para eso). Lo que significa que, en principio, la convivencia que se juzga peligrosa en el “afuera”, parece no ser tan así, en el “adentro”. Sin embargo, la realidad de las instituciones carcelarias narra lo peligrosa que resulta la convivencia puertas adentro de un penal.

De todas formas, esta peligrosidad, no parece ser tan importante como la peligrosidad de un delincuente suelto en la sociedad abierta. Esta peligrosidad de la convivencia en el penal, aparece, en alguna forma, justificada, como parte integrante de la pena que debe purgar la persona que ha delinquido. De alguna manera, la convivencia en la cárcel con otros “internos”, que han delinquido, es también una forma de castigo.

Además, implícitamente, existe la idea de que la vida que se arriesga o que se pierde en la cárcel, vale menos que la vida que se arriesga o se pierde en la sociedad abierta, porque se trata de la vida de un “malviviente” y no de un hombre de bien.


La convivencia de los internados, resulta así una forma de penalidad, pues se trata de recluir de manera punitiva, lo semejante con lo semejante.


Visto desde esta perspectiva, la acumulación indefinida de personas en el espacio de internación no tiene más límite que el que permita la infraestructura mínima para mantenerlas en vida sin importar demasiado las condiciones, excepto las de “seguridad”, esto es, impedir a cualquier costo, la fuga de los reclusos.

Por otra parte, un principio elemental de economía, lleva a pensar que, es más sostenible en téminos de financiamiento, una institución que concentre muchos reclusos, que varias instituciones, que puedan alojar a pocas.

Por tanto, cuanto más personas puedan recluirse en un mismo espacio, resulta, económicamente menos honeroso. Si la inversión puede ser menor, no hay razones para invertir más en el mantenimiento de un círculo de personas que purgan una pena y cuyo valor, en algún sentido, parece ser menor que el de las personas honestas.


Desde tal concepción, no hay ningún principio ético que pueda cuestionar la agregación de personas en el espacio de reclusión, en tanto que se la juzga como una justa parte de la pena que el reo debe purgar, y al mismo tiempo, un criterio de buena economía.


“INTERNADO” COMO IDEOLOGIA


Admitida la conveniencia de “hacer convivir” a los que fueron “aislados” de la sociedad abierta, en tanto que los agregamos en el mismo espacio cerrado, entonces, se vuelve imprescindible esbozar un modelo de convivencia entre los reclusos, esto es, un modelo de “internado”.


Es aquí cuando los regímenes de internado replican formas y rutinas calcadas de los viejos moldes de la vida monacal o militar. La vida comunitaria, “vita communis” es el modelo ideal de vida religiosa en Occidente, y se remonta al surgimiento de las órdenes monásticas en la temprana Edad Media. Se trata de poner a convivir a un grupo de personas bajo un mismo techo, con una regla de vida común estricta a la cual deben ajustarse todos, lo que condiciona la libertad de movimiento de cada uno. Quien vive como un monje, es el mejor cristiano, aspira seriamente a la santidad, que es la meta más alta a la que puede aspirar un hombre.

Lo que anima internamente la vida común, es ciertamente, el amor fraterno. La búsqueda de vivir el ideal del amor fraterno en comunidad impulsó a los monjes a abrazar la regla comunitaria, en la convicción de que esta vivencia de amor les concedería la felicidad y los conduciría a la vida más plena.


Pero la vita communis expone, ineludiblemente, a las personas que conviven, a un nivel de exigencia que sólo puede ser sostenido por una férrea disciplina. La disciplina estricta, junto a la aspiración a vivir el ideal del amor fraterno, ha sido lo que históricamente sostuvo la convivencia bajo una regla común.


Es así como la disciplina encuentra su contracara en la aspiración interior al ideal del amor fraterno que anima a aquel que se somete a la vida común.

Puede decirse que la vida en un internado religioso se hace llevadera sólo como resultado de una firme disciplina y de la fuerte convicción que lleva a abrazar a las personas, este estilo de vida, como medio para vivir el amor fraterno y encaminamiento seguro a la santidad.


Pero la convivencia, en esta perspectiva, no es sólo la resultante de un afectus societatis que lleva a encontrarse con el prójimo amado procurándose así la felicidad del amor, sino que además y ante todo, es una herramienta disciplinadora de la voluntad, que somete al ego haciéndolo capaz de amar desinteresadamente. Disciplina y convivencia bajo una regla común van de la mano. Y para que esta forma de vida sea viable, debe sumarse la convicción personal de que por ella se alcanza el amor fraterno y la santidad .6

Por razones muy complejas de analizar aquí, el “internado” así pensado, se erigió en el ámbito de nuestra cultura, en el referente de toda convivencia social, por tanto, también de la convivencia entre los reclusos en el ámbito penal. Aún hoy, sin ninguna mirada crítica, se da por supuesto que un preso, un “convicto”,7 debe ser recluido en un espacio cuyo modelo es el “convento”.


La agregación indefinida de personas en el espacio de reclusión, no hace más que reforzar el aspecto disciplinador de la vida comunitaria. Por tanto, cuánto más reclusos, mejor, puesto que los obliga a reprimir sus gustos individuales, en favor de los intereses de todos (o en favor del interés del que domina en el pabellón, aquel que es llamado “pata” en la jerga carcelaria, que es lo que en la práctica se da habitualmente).


El único límite a la agregación de personas es la posibilidad de que resistan las medidas de seguridad de la institución, las que deben ser lo más rigurosas posible, a fin de que los internos no se fuguen.

La rigurosidad de la seguridad, refuerza por otra parte, el aspecto disciplinador del internado.


EL INTERNADO COMO EL RECURSO NORMAL PARA LOS NIÑOS HUERFANOS


También se pensó que el internado en la forma del “convento” o del “regimiento”, ofrecía el modelo sustitutivo de la “familia”, para aquellos niños y adolescentes que carecieren de la misma.


Por tanto, no se dudaba de que, ante la falta del espacio habitual de crianza de los niños, debia recurrirse a un “internado”, confiando sobre todo en que, la disciplina, obraría allí, lo que el padre y la madre ya no podrían obrar en sus hijos.


Al mismo tiempo, en la, por así llamarla, sociedad “tradicional”, se entendía a la familia, sobreacentuadamente, como un espacio disciplinador que preparaba para la vida social más abarcadora. Aunque, de hecho, se encontrara presente, no se subrayaba la importancia de los afectos y del amor en la crianza, lo que probablemente comenzó a aparecer como el elemento nuclear, cuando la misma estructura familiar entró en crisis.


Actualmente se sabe que la salud de un niño y su supervivencia dependen tanto del alimento material, como del afecto que recibe en los primeros años de vida. Aunque hay aún, hoy, quienes piensan que la sola disciplina de un internado puede resolver mágicamente, las carencias de un chico sin hogar.


Fue en el ámbito de la sociedad tradicional que se pensó que la solución para los niños huéfanos o abandonados era “internarlos”. Se “instituyeron” entonces ámbitos colectivos para alojarlos con sistemas calcados de la vida conventual o castrense, asegurados por una rigurosa disciplina, tanto mayor, cuanto menor fuera la convicción de los internos de que era bueno para ellos permanecer allí alojados. Es decir, disciplina exterior, sin convicción interior.


Con la familia herida de muerte por las consecuencias de un sistema que genera expulsión social, se volvió notorio que la carencia de un chico en situación de calle no tiene que ver, en primer lugar, con un espacio físico adonde vivir y una disciplina que incorporar, sino básicamente con una contención afectiva ausente que los “institutos” (propiamente así llamados, pues fueron “instituidos” para atender una demanda de la sociedad) no son capaces de atender ofreciendo sólo un espacio de vida común, una regla y una disciplina rigurosa.

Puede decirse, resumidamente, que hoy se sabe que, ofrecer un régimen de vida colectivo sostenido en la disciplina no es la mejor forma de “intervenir” ante la carencia que padecen nuestros chicos en situación de vulneración o vulnerados.


¿Quiere decir que con lo dicho se deshecha toda propuesta de “internación”?

No, de ningún modo. Lo dicho sirve para que se desnaturalice la internación como “él” dispositivo a aplicar cuando se interviene ante un niño vulnerado. La ley 13298, llamada “de Protección y Promoción de los derechos de los Niños”, en la Prov. de Bs As., contempla muy criteriosamente que “internar” sea siempre el último recurso y no el normal y el primero.8 Según ella: “Comprobada la amenaza o violación de derechos podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: … h) Permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud … Esta medida es de carácter excepcional y provisional”.9


Habrá entonces que considerar la “internación”, como un recurso que ofrece unas posibilidades a considerar, al lado de otros, con otras posibilidades. Por lo que podrá ser útil en ciertos casos, como no serlo, en otros.

A favor de esto último, y como ejemplo de un caso concreto, es interesante destacar, el redescubrimiento de la vida común en la forma más tradicional, como recurso ofrecido a jóvenes adictos con deseo de recuperarse (proyecto “Façendas da Esperança” en Brasil, últimamente en Argentina)



INTERNACION Y PRIVACION DE LA LIBERTAD


Si bien es claro que, ante un niño en situación de calle, la intervención del Estado no puede ni debe ser a través de la justicia penal, “judicializando” la pobreza, como se hacía bajo el régimen del patronato, sino que, por el contrario, deben ponerse en funcionamiento los recursos de las políticas sociales diseñadas y ejecutadas por el mismo Estado (recursos que no deben ser, el primero o el único, una forma de “internación”), vale plantearse la pregunta: ¿y cómo debe intervenir el estado ante un niño que infringe la ley penal y está en conflicto con ella?


Es evidente que, en tal caso, el modo de intervenir del Estado, debe implicar la instancia judicial. Es la Justicia la que interviene en primer lugar, a través del recientemente creado “Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, en la provincia de Bs As.

Pero, en este caso, al Estado le compete intervenir, no solo desde la Justicia. El poder ejecutivo debe garantizar la existencia de los espacios y recursos, para hacer efectivas las medidas que toma el poder judicial ante un adolescente en edad de imputabilidad de un delito, sea una medida de cumplimiento efectivo de una condena, luego del correspondiente juicio, o preventiva, en los plazos que contempla la ley.

Atendiendo a la responsabilidad de ambos poderes, a cada uno en lo que le compete, la pregunta es: ¿ante la presunción de la comisión de un delito, todo niño debe ser preventivamente “internado”?

De acuerdo con lo que establece la ley 13.298 y la 13.634, en el caso de un niño penalizado, debe contemplarse también, el principio de no recurrir a la “internación” como primera o única alternativa,10 para privarlo de la libertad,11 sabiendo que, tal como se ha dicho, que dicha “internación” no es la solución “milagrosa” a ninguna carencia, por el contrario, muchas veces, potencia y agrava los conflictos con los que el adolescente ingresa al sistema penal.

Aquí aparece una grave responsabilidad para el Poder Ejecutivo, puesto que si no prevé y garantiza medidas alternativas a la “internación”, la Justicia no podrá más que contar con los recursos “de siempre”, es decir, nuestros viejos “institutos” de menores, colapsados, concebidos según el modelo de “internado”.

La lentitud, la inoperancia, para poner en funcionamiento urgente estas “medidas alternativas” de parte del poder ejecutivo, es una de las claves, para entender el problema de minoridad en la Provincia de Bs As.


Pero existe aún otro problema, y es el hecho de que cuando la Justicia requiere, para un joven, una medida “privativa de la libertad” ambulatoria (y esto es, efectivamente, posible cuando lo amerita la gravedad del delito y las características del joven penalizado) el Ejecutivo debe prever y garantizar el ámbito de cumplimiento de tal medida.


El problema aquí se desdobla en un aspecto teórico y uno práctico.


El aspecto práctico es que la Provincia no posee los espacios suficientes para alojar a los adolescentes para los que se requiere tal medida privativa de la libertad, esto es, un Centro Cerrado con características de Penal, puesto que el joven no podrá ni salir, ni entrar libremente.

El aspecto teórico es más complejo: consiste en la creencia común (tanto en personas del poder ejecutivo como del judicial) de que una medida privativa de la libertad, es idéntica al alojamiento en un penal concebido según el modelo del “internado”.


Aquí, lo que opera en contra es la idea, instalada en el imaginario social (por las razones que hemos referido arriba) de que privar de la libertad ambulatoria a una persona es idéntico a recluirla en un “internado” o un espacio de vida común, que aloja la mayor cantidad de reclusos posibles de ser controlados, sometidos a una regla y una disciplina férrea, sobre el supuesto de que la convivencia de muchos es, de por sí, disciplinadora y punitiva.


En realidad, un “internado” de este tipo, priva de la libertad de movimiento a un adolescente, pero no como efecto de la convivencia disciplinadora y de la regla común, sino sencillamente porque el internado tiene rejas y un perímetro custodiado por fuerzas de seguridad.

Si lo que se busca es privar de la libertad ambulatoria a un adolescente, la convivencia entre muchos, no aporta nada a este fin. Más aún, en determinadas circunstancias, complica la efectividad de la medida, lo que obliga a reforzar la seguridad perímetral del penal.

Desde el punto de vista del adolescente recluido: si la convivencia es fortuita, si no es buscada como tal, si no es impulsada por la convicción de un ideal buscado (como era el caso de la elección de la vida común en el monasterio), la convivencia aportará casi nada nada bueno al joven. Más bien, le sumará complejidad a su situación dado que convive con muchos con los que no ha decidido convivir, y para lo que cual, en principio, no tiene aptitud, en tanto que no es, ni un monje ni un soldado.

En realidad, lo normal no es vivir cien personas juntas y hacer todas lo mismo, a la misma hora, en un espacio de 50 metros cuadrados.

Tampoco la pura disciplina de una regla estricta, en tanto tal, le aporta algo al joven recluso, cuanto que no tiene interés en sí, por lo que ésta le indica. Puede servir para contenerlo exteriormente, es decir, para que no se agreda físicamente, ni agreda a otros, o para que no se fugue. Pero en lo interior, esa disciplina, no lo construye.

Acatar las normas disciplinarias, entre los “internos” es designado como “hacer conducta”. Pero el ajustarse a lo mandado por el régimen de disciplina, no nace de ninguna convicción interior de que lo que se hace, es justo y edificante para uno mismo. Por el contrario, normalmente, el interno simula una actitud aparentemente motivada por la norma, pero en la que, en verdad, no cree. “Hace conducta” para sobrevivir en el penal.

La disciplina externa, se muestra absolutamente estéril para inspirar actitudes interiores.


***

Cuando un juez o un fiscal solicita, para un adolescente, una medida privativa de la libertad, necesita que el Estado garantice que este joven no ande libremente por la calle, pero no solicita que al joven se lo introduzca en las prácticas de la vida monacal. Si lo que se solicita es precisamente que se le prive de la libertad ambulatoria (la mayor parte de las veces como medida preventiva, otras como pena) ¿por qué someterlo a un régimen de vida que no eligió vivir, y para el cual no tiene aptitud?

¿Es que se piensa que la sola disciplina exterior puede aportarle algo? ¿O que la convivencia entre muchos será de por sí disciplinadora y reeducadora?

¿O acaso se piensa en someterlo a la convivencia y a la disciplina, meramente, como un castigo?

Si fuera así, ¿puede pensarse, la “vida común” (lo que supone, por definición, la convicción interior de un ideal y una elección) como un castigo?


Estamos ante un error de principio que consiste en considerar que la “privación de la libertad” equivale a la “internación”, comprendiéndola a ésta, como la concentración de un grupo, lo más numeroso posible, en un espacio común, para convivir en un régimen colectivo, sometidos todos a una disciplina rigurosa a la cual deben ajustarse idénticamente, en el supuesto de que ésto es de por sí reeducativo y edificante para los “internos”.


El desafío ante el cual nos vemos, consiste en pensar un dispositivo de privación de la libertad eficaz, que no recurra irreflexivamente, para su diseño, al lugar común del convento o del cuartel (modelo denominado aquí: “de internación”) y que, ante todo, capitalice la privación de la libertad en el adolescente, para su desarrollo humano y social.


URGENCIA DE LA SITUACION.

La idea de poner en funcionamiento un centro modelo, en donde el adolescente pueda cumplir una medida de privación de la libertad que aporte a su desarrollo integral, como superador del clásico “internado”, nace de la convicción de que la oportunidad es ahora.

La violencia juvenil (violencia que el niño y adolescente, padece antes que, ejerce) irá en aumento en la provincia de Bs As, en especial, en el conurbano bonaerense y en el distrito de la ciudad autónoma, en la medida en que permanezca y aumente la exclusión social. Por otra parte, esta tendencia se observa como regla en el conglomerado de todas las grandes ciudades, y en la sociedad en general, como efecto de la misma exclusión.

Sin embargo, en la provincia de Bs. As. los números de los adolescentes que participan en la comisión de delitos graves, es todavía bajo. Aún se está a tiempo de intervenir para “rescatar” (como se dice en la jerga de los chicos en situación de calle) a los chicos en conflicto con la ley, si se hace una buena propuesta integral para ellos.

Más allá de las políticas de promoción de los niños y jóvenes vulnerados, que es la parte más importante de la política social de niñez, y que deben implementarse con la mayor urgencia, si la provincia de Bs. As. contara con 85 centros distribuidos en todo su territorio, con la características con las que se plantea este centro modelo, se estaría, hoy en condiciones de encauzar la situación de los chicos que se muestran más violentos e involucrados en los delitos más graves de la misma provincia.

La dificultad más grave es el paso del tiempo. Si soluciones de este estilo no se implementan ya, con carácter de urgencia, se habrá perdido la ocasión de rescatar a los chicos de la violencia creciente, porque este fenómeno puede tornarse inabarcable e incontrolable.

El número de niños y adolescentes involucrados en la delincuencia, hoy, es considerablemente menor al de los niños y adolescente vulnerados, en la provincia (cosa que debe dolernos, más que sorprendernos).12Si el índice de involucramiento en la delincuencia de niños y adolescentes escalara al número de niños en situación de vulnerabilidad,13 cosa que podría esperarse como mecanismo de reacción si no se hace nada para sacar a estos niños de la situación de vulneración, entonces, el fenómeno de la delincuencia juvenil se habrá tornado incontrolable. Pero así, no será más que un desenlace anunciado.

Habremos perdido la mayoría de nuestros niños y adolescentes, y no quedará más nada que perder.


1En el ámbito familiar, por ejemplo, los padres intervienen en la educación de los chicos y esto es un deber. Deben intervenir siempre, aún cuando su intervención sea “dejar hacer” a sus hijos en determinada circunstancia. El “dejar hacer” de los padres, en la etapa de la educación de los niños y adolescentes, debe ser siempre, pedagógico. Cualquier otro “dejar hacer” en los padres es, simplemente, abandono.

2La palabra latina “Securitas” significa “sine-curitas”, esto es, “sin cuidado”. Es decir, la “securitas” es aquella cualidad que se le otorga al ciudadano la que le permite andar por la ciudad “sin procurarse -por sí mismo- ningún cuidado”, en tanto que el Estado y las leyes lo amparan.

3Segundo Galilea, “El Seguimiento de Cristo”,edit. San Pablo, Bogota, 2004, pag. 38.

4Importante referente social en Argentina, con gran actuación en las décadas de ’80 y ’90, ya fallecido, fundador junto con el sociólogo Morlachetti, del “Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo”.

5Uso habitualmente esta metáfora para referirme a los chicos en conflicto con la ley penal, que antes de vulnerar derechos han sido vulnerados desde su cuna. Ver http://www.chicosinvisibles.com.ar/noticia_id_02.php

6Podría analizarse el internado en el ámbito castrense con categorías que corresponden análogamente al internado en la vida religiosa. Omitimos este análisis aquí para no extendernos demasiado.


7La palabra “convicto” remite etimológicamente a “convento”.

8La Ley 13298 deja suficientemente claro en el art. 9°, que “la ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitoria o permanente, no consituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar o su institucionalización”. Lamentablemente, a pesar de ser preciso en la norma, el párrafo hace un uso equívoco del término “institucionalización” dado que entiende por tal: “exclusión del niño de su grupo familiar”. En realidad, institucionalizar no es esto. El estado “institucionaliza” siempre,cuando ampara bajo instituciones, de acuerdo a lo que se ha dicho. En la letra de la ley, se filtra aquí, la tendencia implícita a pensar la institucionalización sólo como internación, lo que implica separación del niño de su familia. Cuando habla de los “Servicios Locales”, la misma Ley dice que “les corresponderá a estos servicios buscar la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza provocar la separación” (art. 18).

9Ley 13298, art. 35, inc. h.

10En referencia al niño al que se alegue haber infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido tales leyes, se establece que “La internación y cualquier otra medida que signifique el alojamiento del niño en una institución pública, semipública o privada, cualquiera sea el nombre que se le asigne a tal medida, y aún cuando sea provisional, tendrá carácter excepcional, y será aplicada como medida de último recurso, por el tiempo más breve posible, y debidamente fundada. El incumplimiento del presente precepto por parte de los magistrados y funcionarios será considerado falta grave” (Ley 13298, art. 46)

11“La privación de la libertad constituye una medida que el Juez ordenará excepcionalmente. Debe ser cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para niños”. (Ley 13298, art. 61)

12“Según la Dirección Nacional de Política Criminal, en el 2005 en la Provincia de Buenos Aires se registraron un total de 239.358 delitos y en el año anterior, 2004, un total de 296.977 delitos de mayores y menores indistintamente. Por su parte, las estadísticas del Departamento de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires señalan que en 2006 la cantidad de causas penales contra menores fue de 31.602 y en 2007 de 29.371 causas. Ello, una vez más, denota que la incidencia de los menores en la comisión de delitos no está ni por cerca del millón de delitos cometidos por menores, declarados por Salcedo (ex jefe de Policía Bonaerense), ni por cerca de representar una proporción significativa en el universo total de hechos delictivos en la Provincia.” Carlos Fanjul, Delincuencia Juvenil y Manipulación Informativa, en la web del Foro Provincial por los Derechos de la Niñez. Ver http://www.foroporlosderechos.org.ar/spip.php?article622

13En la provincia, según una estimación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos de la exclusión y de la marginalidad. Unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, no estudian ni tienen trabajo. La Nación, 3 de noviembre de 2008. Ver http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1065986


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